El presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín García, ha remitido una carta a Ana González, alcaldesa de Gijón, cuyo contenido reproducimos a continuación íntegramente.
Estimada alcaldesa,
Me dirijo a usted en mi condición de presidente de la Fundación del Toro de Lidia, entidad que agrupa a los profesionales y aficionados taurinos con el objetivo de fomentar, conservar, mejorar, defender, promover y divulgar el toro de lidia y la tauromaquia, como cultura y disciplina artística, en todos los ámbitos, facilitando y velando por el derecho de todos a su conocimiento acceso y libre ejercicio en todas sus manifestaciones. Por esta labor, el Ministerio de Cultura y Deportes ha concedido a esta Fundación el Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente a 2020 reconociendo su capacidad para aglutinar a los distintos sectores profesionales taurinos en la defensa y promoción de la Tauromaquia. Sirva esta breve presentación para poner de manifiesto que el Gobierno de España y, en concreto, su Ministerio de Cultura, es consciente de la relevancia cultural de la tauromaquia y la necesidad de su protección y promoción. Y desde esta Fundación estamos tremendamente orgullosos de que se haya reconocido nuestra labor en este ámbito, más allá de que, como cualquier otro sector cultural, nos gustaría contar con un mayor esfuerzo de promoción y ayuda de todas las Administraciones Públicas. Es en este contexto en el que hemos asistido atónitos en los últimos días a sus declaraciones sobre el nombre de dos toros lidiados en la última Feria de Gijón y su clara determinación de que en Gijón no vuelvan a celebrarse festejos taurinos. Le habrán llegado, estamos seguros, las reacciones de organizaciones y profesionales taurinos de todo tipo a estas declaraciones. Y las aclaraciones al modo y el momento en el cual se da nombre a los toros (en particular, las de la Unión de Criadores de Toros de Lidia) y cómo estos se sortean entre los diestros antes del inicio de la corrida. Estamos seguros que todo ello le habrá hecho reflexionar. Pero queremos ahora, pasadas las primeras horas de ruido mediático, ponerle de manifiesto nuestra profunda preocupación por los tintes totalitarios que muestran sus palabras y nos gustaría hacerle ver los perversos efectos a los que conducen los planteamientos que se derivan de las mismas. Permítame para ello dividir esta carta en tres bloques de contenido: sobre los hechos, sobre lo que significa lo que se pretende hacer y sobre lo que supondría jurídicamente. No pretendo extenderme mucho sobre los hechos en sí, aprovechar que los nombres de unos toros lidiados en la última feria de Gijón tenían connotaciones ofensivas para tratar de prohibir los toros en la ciudad, ya que resulta obvio que ha aprovechado una excusa peregrina para propiciar un deseo largamente perseguido: prohibir los toros en Gijón. Quizás no tenga usted por qué conocer el significado legal y simbólico de los nombres que les damos a los toros. Pero un mínimo de curiosidad intelectual o del debido asesoramiento antes de opinar de manera tan frívola, le habría ahorrado el ridículo de hablar sin conocimiento y no habría quedado tan a las claras su motivación real y su totalitarismo ideológico. En todo caso, las consecuencias que propone (prohibir la tauromaquia) por la supuesta ofensa provocada por los nombres de unos toros es tan burda, que llevada a todos los ámbitos culturales supondría por ejemplo prohibir la Semana Negra de Gijón (o la misma lectura, ya puestos) si alguna de las novelas presentadas en el festival tuviera un contenido que le pudiera resultar ofensivo a alguien. O que decidiera prohibir los conciertos en la ciudad, o la música en su conjunto, si un año C. Tangana aparece por Gijón cantando sus Demasiadas mujeres. Como quiero pensar que incluso a usted misma esto le parece absurdo, podemos tranquilamente concluir que usted lo que quería era prohibir los toros, sin más. Porque a usted no le gustan. Usted dice que quiere prohibir los toros porque “cada vez hay más voces contrarias en la ciudad”. Los totalitarios del mundo y de la historia siempre se escudan en el manto protector de una supuesta voluntad popular que les ilumina y legitima para cualquier cosa. En estos días estamos viendo en diversas partes del mundo cómo en nombre de supuestas mayorías o de una moralidad superior, hay quienes arrasan con los derechos que no pueden depender de mayorías, como son los derechos humanos, derechos inalienables y comunes a toda la familia humana. Usted seguramente se escandalice con la comparación, pero eso es porque ningún espíritu totalitario se mira en el espejo y se reconoce como tal, sino que se ve como alguien que trabaja por un mundo más virtuoso. Los talibanes destruyeron los budas de Bamiyan por lo mismo que la alcaldesa de Gijón pretende derribar la tauromaquia, porque según ellos ambas manifestaciones de la cultura son inmorales. Tanto a los talibanes como a la alcaldesa de Gijón se les olvida que ni los budas de Bamiyan ni los toros son suyos, sino que son patrimonio común de toda la humanidad. Y es precisamente por esto, señora alcaldesa, para protegernos a toda la familia humana de los ataques contra la cultura de los totalitarios de toda índole, que la UNESCO estableció “el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas y el respeto de ellas, comprendiendo las culturas pertenecientes a minorías y las de los pueblos autóctonos”, con el único límite del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Qué significa esto? que incluso si fuera verdad (que no lo es) lo de esas mayorías que usted percibe contra los toros, sería irrelevante, las expresiones culturales no se pueden prohibir, son exquisitos bienes de toda la humanidad que es preciso proteger, tal y como recogen los tratados internacionales, nuestra constitución y nuestras leyes. La cultura no se puede prohibir, es un derecho humano que toda persona tiene derecho a disfrutar de la vida cultural de la comunidad, lo mismo que son derechos humanos la igualdad de derechos y libertades de todos sin distinción alguna. Y es el mismo espíritu represor el que anima a los totalitarios de todas partes del mundo a cercenar los derechos que son inalienables a todos los seres humanos. Y si va a comenzar la represión cultural en Gijón, le aconsejamos que lo haga bien, con un buen tribunal inquisitorial que revise minuciosamente todos los contenidos culturales en búsqueda de las ofensas al dogma y unos buenos autos de fe de mes en mes, eso servirá de lección para que ningún gijonés se atreva a tener gustos culturales alejados de la ortodoxia de su celosa alcaldesa.Pero además de estas razones éticas, políticas y filosóficas que harían completamente inadmisible una prohibición como la que usted pretende, existen poderosas razones jurídicas que impiden esta prohibición, como han puesto de manifiesto reiteradamente nuestro Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y otros muchos órganos jurisdiccionales. La Ley 18/2013 para la regulación de la Tauromaquia, configura a ésta como un patrimonio cultural “digno de protección en todo el territorio nacional”, estableciendo que todas las Administraciones Públicas tienen un “deber de protección y conservación, así como promover su enriquecimiento”. Y la Ley 10/2015, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial establece que los poderes públicos deben ejercer en sus respectivos ámbitos de competencia una acción de salvaguardia sobre los bienes que integran el patrimonio cultural inmaterial, entre los cuales se encuentra la tauromaquia. De este modo, en lo que respecta a normativas autonómicas, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional tanto la prohibición expresa de la tauromaquia que se aprobó en su día en Cataluña, como la prohibición encubierta que pretendió adoptar el Parlamento balear con una legislación que sólo autorizaba los festejos taurinos cumpliendo ciertos requisitos que lo desnaturalizaban. En lo que respecta a decisiones municipales, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló la decisión del Ayuntamiento de Villena de no ceder la plaza de toros para la celebración de un espectáculo taurino por su oposición a la tauromaquia, considerándola arbitraria y carente de motivación legalmente admisible al ser una obligación municipal la protección y defensa de la tauromaquia. Esta misma razón es la que lleva al Tribunal Supremo a prohibir las consultas populares que habían previsto los Ayuntamientos de San Sebastián y Cenicientos para plantear a sus vecinos si debían destinarse edificios municipales o recursos públicos para la celebración de eventos taurinos. El propio Tribunal Supremo explica cómo «la Ley no da libertad a las Administraciones Públicas para promover o no la conservación de la tauromaquia o promover o no su enriquecimiento, sino que impone una obligación positiva en tal sentido». Por tanto, una consulta popular o cualquier actuación que ponga en riesgo, siquiera de forma indirecta, ignorar la voluntad de la Ley, en cuanto esté encaminada a tomar una decisión que no sea favorecedora de la actividad de fomento la tauromaquia, resulta contraria a lo dispuesto en la Ley y en la doctrina del Tribunal Constitucional. En definitiva, una corporación municipal no puede, basándose en un argumento tan tosco y peregrino como el nombre de dos toros de lidia, pero tampoco en ninguna otra razón, adoptar medidas tendentes a impedir la celebración de festejos taurinos en su municipio, ya sea denegando la prórroga de la concesión de la plaza de toros o no sacándola a concurso nuevamente cuando la actual concesión llegue a su término. Hacerlo vulneraría de forma manifiesta la Ley y la abundante jurisprudencia que exige de las administraciones, en el ámbito competencial que le es propio, actividades de fomento de la tauromaquia y que, en todo caso, prohíbe cualquier medida contraria este fomento. En consecuencia, adoptar una decisión de esta naturaleza sería adoptar una decisión arbitraria y contraria a la ley “a sabiendas” (este conocimiento quizá usted no lo tenía cuando hizo públicas sus manifestaciones, pero sí lo tiene ahora, desde el momento en que se le han recordado sus obligaciones legales). Y esto tendría muy graves consecuencias en el ámbito administrativo, pero también en el penal, tanto para quien adoptara estos acuerdos como para quien los apoyara, informara o colaborara en hacerlos efectivos. Queremos creer que después de todo lo ocurrido estos días, no se adoptarán ninguna de las medidas anunciadas ni ninguna otra que ponga en riesgo o impida la celebración de festejos taurinos los próximos años. En caso contrario, la Fundación del Toro de Lidia iniciará actuaciones legales en todos los órdenes para garantizar la celebración de estos festejos y para que sobre quienes hubieran adoptado las decisiones ilegales a sabiendas recayeran todas las consecuencias administrativas y penales que el ordenamiento jurídico prevé en estos casos.
Reciba un saludo muy cordial,
Victorino Martín
Presidente de la Fundación del Toro de Lidia
